Por: Juan Domingo
Ciudad de México.– La administración de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, enfrenta uno de sus momentos más críticos tras revelarse detalles de una presunta investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de su exesposo, Carlos Torres Torres.
La indagatoria, que surge tras el retiro de las visas de la entonces pareja en mayo de 2025, señala a Torres Torres —quien fuera coordinador de Proyectos Estratégicos del estado— por presuntos vínculos financieros con el narcotráfico y la recepción de pagos millonarios a cambio de protección operativa.
El esquema de los 500 mil dólares
De acuerdo con información revelada por el periodista Raymundo Riva Palacio y fuentes diplomáticas, las autoridades estadounidenses investigan a Torres Torres por presuntamente recibir 500 mil dólares mensuales (aproximadamente 9 millones de pesos). El objetivo de estos pagos habría sido facilitar las operaciones de grupos criminales en la entidad.
A nivel local, una investigación de N+ Focus añade que desde septiembre pasado también se le indaga por formar parte de una red de tráfico de armas, extorsión y lavado de dinero. En este contexto, una denuncia ante la FEMDO señala que Torres Torres habría recibido adicionalmente 150 mil dólares mensuales para favorecer a la célula de «Los Rusos», vinculada al Cártel de Sinaloa.
Divorcio: ¿Estrategia o control de daños?
Aunque la gobernadora anunció su separación legal en 2025, analistas y fuentes cercanas al caso interpretan el divorcio como una medida de «control de daños». A pesar de la ruptura formal, la mandataria no ha quedado exenta del escrutinio, especialmente por dos factores clave:
- El retiro de visas: En mayo de 2025, el gobierno estadounidense canceló los permisos de entrada de ambos bajo causales que, aunque no son públicas, suelen estar ligadas a seguridad o actividad criminal.
- Patrimonio cuestionado: La investigación busca determinar si los supuestos ingresos ilícitos de Torres Torres se reflejaron en propiedades y cuentas bancarias compartidas.
El informe de inteligencia destaca un incremento en la violencia desde noviembre de 2021, coincidiendo con el inicio de la gestión de Ávila Olmeda. Durante este periodo, se documentó el resurgimiento y consolidación del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Baja California.
Antecedentes como la renuncia del fiscal Ricardo Carpio en 2023 —luego de que subalternos fueran detenidos con droga en California— y las denuncias previas del exgobernador Jaime Bonilla sobre «pactos incumplidos» con el crimen organizado, han vuelto a cobrar relevancia en el expediente que ahora evalúan las autoridades federales.
Presión desde el Centro
A diferencia de la administración anterior, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum parece mantener una postura de observación activa. Según los reportes, se han enviado mensajes a la gobernadora a través de figuras clave como Luisa María Alcalde y Mario Delgado, sugiriendo incluso la posibilidad de una licencia al cargo.
Mientras las autoridades estadounidenses presionan de manera oficiosa para que México actúe contra Torres Torres, el desafío para el gobierno federal radica en cómo proceder legalmente contra el exesposo sin que las esquirlas del escándalo impacten directamente la estabilidad política de la gobernadora de Baja California.
Con información de N+ y el Financiero