Ciudad de México.– En una decisión que ha generado una intensa controversia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó, por mayoría de seis votos, un proyecto que exenta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) del pago de impuestos prediales reclamados por el Gobierno de la Ciudad de México, los cuales ascienden a 5 mil 810 millones de pesos.
El fallo, derivado del amparo directo en revisión 5829/2025, ha levantado críticas no solo por el impacto financiero para la CDMX, sino por el evidente conflicto de interés que rodea a la ponente del proyecto, la ministra Lenia Batres, toda vez que el actual director del instituto beneficiado es su hermano, Martí Batres.
El conflicto y el proceso judicial
El reclamo fiscal, que data desde el sexenio de Miguel Ángel Mancera (2009-2013), abarca adeudos por concepto de impuesto predial, impuesto sobre nómina y suministro de agua.
A pesar de las solicitudes expresas del presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, y otros ministros para posponer la discusión ante dudas sobre el proyecto, la ministra Batres desestimó las peticiones argumentando que existían condiciones suficientes para debatir. La ausencia de la ministra Loretta Ortiz fue un factor clave que facilitó la votación a favor del proyecto en el Pleno.
Los alcances del fallo
La resolución de la Corte establece lo siguiente:
- Predial: Se otorga el amparo al ISSSTE para no pagar los más de 5 mil 800 millones de pesos reclamados, ordenando que se verifique si los inmuebles están destinados al servicio de salud pública.
- Impuesto sobre nómina: El asunto fue devuelto a un Tribunal Colegiado para analizar los argumentos del instituto.
- Suministro de agua: La SCJN no concedió la exención por este concepto, manteniendo la obligación de pago.
Un impacto financiero significativo
El monto en disputa representa un golpe considerable para las finanzas de la Ciudad de México de Clara Brugada. Para dimensionar la magnitud de la cifra, los 5 mil 810 millones de pesos reclamados superan el presupuesto anual asignado para 2026 a la Cámara de Senadores (5 mil 103 millones) e incluso al de la propia SCJN (5 mil 208 millones).
Asimismo, el adeudo representa poco más del 20% de lo que la capital proyectaba recaudar por concepto de impuesto predial en su Ley de Ingresos para el presente año, estimada en 28 mil 133 millones de pesos.
Críticas por conflicto de interés
La conducción del caso por parte de Lenia Batres ha sido señalada como una «decisión quirúrgica» que favorece directamente al patrimonio familiar, ignorando llamados a la prudencia realizados incluso por figuras aliadas a su movimiento político. La celeridad con la que se empujó el proyecto, a pesar de las observaciones de sus pares, ha abierto un intenso debate sobre la ética judicial y los límites entre la función pública y los vínculos personales.
Por su parte, la ministra Batres ha defendido el proyecto argumentando la naturaleza legal de los bienes del instituto, señalando que desde 2017 se ha buscado deslindar las responsabilidades fiscales del organismo federal ante las autoridades capitalinas.