CULIACÁN, SINALOA.– Un día después de que se hiciera pública una grave acusación en su contra por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya reapareció en un evento público para rechazar las imputaciones y desmarcarse de otros funcionarios señalados en la investigación de las autoridades estadounidenses.
Con un tono firme pero evasivo ante cuestionamientos sobre su futuro político, el mandatario estatal aseguró no tener preocupaciones respecto a la investigación encabezada por el Distrito Sur de Nueva York y la DEA.
Durante el encuentro con medios, Rocha Moya enfatizó su postura de integridad personal, deslindándose de cualquier responsabilidad compartida con el resto de los nombres que aparecen en el expediente judicial.
«No le temo a nada, nada, porque yo siento ser una persona limpia», expresó el gobernador.
Al ser cuestionado sobre si metería las manos al fuego por los integrantes de su gabinete o colaboradores cercanos mencionados en la acusación, su respuesta fue tajante: «Por nadie, cada quien que la dé la cara por sí mismo».
Una red bajo la lupa internacional
La acusación formal, presentada por el fiscal Jay Clayton y el titular de la DEA, Terrance C. Cole, señala una presunta asociación delictiva con la facción de «Los Chapitos» para facilitar la distribución de drogas hacia Estados Unidos. El documento no solo apunta al gobernador, sino que incluye a una larga lista de figuras políticas y de seguridad en la entidad:
- Enrique Inzunza Cázarez: Senador por Morena.
- Enrique Díaz Vega: Secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
- Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal del Estado.
- Juan de Dios Gámez Mendívil: Actual alcalde de Culiacán.
- Mandos Policiales: Marco Antonio Almanza Avilés, Gerardo Mérida Sánchez y Alberto Jorge Contreras Núñez (alias “Cholo”), entre otros.
Incertidumbre sobre su permanencia en el cargo
A pesar de la gravedad de los cargos federales en el extranjero, el gobernador evitó responder si considera la posibilidad de separarse del cargo para enfrentar el proceso legal o permitir una investigación estatal sin interferencias.
«No adelantemos vísperas, todo en su momento», se limitó a decir, evadiendo fijar una postura clara sobre una posible licencia o renuncia.
Esta investigación surge en un momento de alta tensión para el Gobierno de Sinaloa, tras los señalamientos directos de agencias estadounidenses que vinculan la estructura política y policial del estado con las operaciones de tráfico de fentanilo y cocaína del Cártel de Sinaloa.