WASHINGTON D.C.– En una contundente comparecencia ante el Senado de los Estados Unidos, el director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, lanzó una advertencia clara al sistema político mexicano: las acciones legales contra altos mandos, incluyendo la reciente acusación formal contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, representan apenas el inicio de una estrategia más amplia de rendición de cuentas.
Durante la audiencia, Cole subrayó que la colusión entre el narcotráfico y la esfera política en México no es un fenómeno nuevo, sino una problemática de años que finalmente está bajo la lupa prioritaria de la justicia estadounidense.
«Ellos son igual de responsables de la muerte y destrucción de cantidades récord de estadounidenses al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno», sentenció Cole, refiriéndose a los funcionarios que facilitan el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia el norte.
El caso Rocha Moya y ‘Los Chapitos’
El detonante de estas declaraciones fue el cuestionamiento del senador John Kennedy, quien exigió explicaciones sobre los vínculos de la clase política mexicana con el crimen organizado.
La fiscalía estadounidense sostiene una tesis grave: la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa habría sido la pieza clave para que Rocha Moya obtuviera la gubernatura en junio de 2021. Según las investigaciones, el grupo criminal operó mediante:
- Secuestro e intimidación de rivales políticos.
- Robo de urnas durante la jornada electoral.
Sacudida política en Sinaloa
El impacto de estas acusaciones ya transformó el panorama político en la entidad federativa:
- Licencia del cargo: El 1 de mayo, Rubén Rocha Moya solicitó separarse de su cargo de manera temporal tras hacerse pública la investigación.
- Gobernatura interina: El Congreso de Sinaloa designó a Yeraldine Bonilla Valverde, quien fungía como secretaria de Gobierno, para asumir el mando del estado de forma interina.
La postura de la DEA marca un punto de inflexión en la relación bilateral, sugiriendo que la red de investigaciones se extenderá hacia otros funcionarios que han permitido la operatividad de los cárteles bajo un manto de impunidad institucional.