CIUDAD DE MÉXICO.– La Fiscalía General de la República (FGR) inició el proceso formal para solicitar la extradición del contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado como el presunto líder de una red de «huachicol fiscal» que operó en las aduanas marítimas durante el sexenio pasado.
La medida ocurre luego de que el gobierno de Argentina rechazara la posibilidad de deportar o expulsar al exmando naval de manera inmediata, obligando a las autoridades mexicanas a seguir el cauce legal del tratado de extradición entre ambas naciones.
Plazos legales y estrategia de defensa
De acuerdo con fuentes de la institución, la FGR tiene como fecha límite el próximo 28 de junio para presentar la petición formal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Actualmente, corre un periodo de 60 días naturales para que el Estado mexicano presente los elementos de prueba necesarios que justifiquen el traslado del imputado.
Por su parte, Farías Laguna —quien es sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán— ha intentado frenar su entrega mediante una solicitud de asilo político en el país sudamericano. El contralmirante argumenta que es víctima de una persecución y que en México no existen garantías para un proceso penal justo.
El esquema del «Huachicol Fiscal»
La investigación federal señala que el contralmirante y su hermano, Manuel Farías Laguna, encabezaban una estructura delictiva dedicada a:
- Facilitar el ingreso irregular de combustible al país.
- Evadir controles arancelarios y gravámenes oficiales en aduanas marítimas.
- Operar bajo un esquema de delincuencia organizada.
Ante los reclamos de la defensa, que califica a los hermanos como «chivos expiatorios», la FGR sostuvo que cuenta con pruebas sólidas que demuestran su implicación directa en esta red de corrupción.
El caso se encuentra ahora en manos de las autoridades judiciales argentinas, quienes deberán evaluar la procedencia de la extradición frente a la solicitud de asilo. De cumplirse los tiempos de la FGR, Farías Laguna deberá comparecer ante un juez mexicano para enfrentar cargos por delincuencia organizada y delitos contra la Ley de Hidrocarburos.
El éxito del proceso depende de que la SRE y la FGR entreguen el expediente completo antes del vencimiento del plazo legal el 28 de junio.