Por: Juan Domingo
Ciudad de México.— En lo que representa una agresiva escalada en la estrategia de seguridad de la Casa Blanca, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó a sus fiscales federales utilizar leyes antiterroristas para perseguir y procesar a funcionarios mexicanos sospechosos de colaborar con el narcotráfico.
La nueva directiva, revelada este viernes por The New York Times, fue dictada el pasado miércoles durante una teleconferencia interna por Aakash Singh, subprocurador general adjunto de EE.UU. Esta medida promete tensar al límite las relaciones diplomáticas entre ambos países.
‘Triplicar las acusaciones’
De acuerdo con las declaraciones obtenidas por el diario estadounidense, Singh instruyó directamente a los fiscales regionales a intensificar la presión sobre los servidores públicos del país vecino.
“Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus cargos para encubrir a terroristas y monstruos que trafican con la miseria y el veneno”, sentenció Singh.
El funcionario estadounidense dejó en claro que la administración no buscará la diplomacia en estos casos, mostrando una postura de confrontación directa: “Si esto resulta desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y les ofende […], no puedo pensar en nada que me importe menos. Si además los avergonzamos y humillamos en el proceso, entonces eso es la guinda del pastel para nosotros”.
El factor de la designación terrorista
Bajo esta nueva línea, los funcionarios implicados no solo enfrentarán cargos comunes por narcotráfico, sino que serán señalados de brindar apoyo material a organizaciones terroristas. Esto es posible gracias a una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el año pasado, la cual clasificó formalmente a los cárteles de la droga latinoamericanos bajo este estatus, abriendo la puerta a condenas de prisión considerablemente más largas. Hasta el momento, el Departamento de Justicia ha evitado emitir comentarios oficiales tras la filtración.
Encrucijada para el gobierno de Sheinbaum
Esta ofensiva judicial coloca en una posición sumamente compleja a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, debido a la profunda desconfianza que existe hacia Washington dentro de las filas del partido gobernante, Morena.
Al respecto, Roberta Jacobson, exembajadora de EE.UU. en México, advirtió al New York Times sobre el impacto político de la medida:
- Many de los funcionarios en la mira de la administración Trump pertenecen al partido oficialista.
- Según Jacobson, esto podría colocar a la mandataria mexicana «en la peor situación posible» para gestionar la soberanía nacional y la relación bilateral.
El antecedente de Sinaloa
La directiva interna no es un caso aislado. Hace apenas dos semanas, fiscales de Nueva York abrieron una investigación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios (tanto en activo como retirados).
Tras la presión del caso, Rocha Moya solicitó licencia a su cargo, mientras que su exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, fue detenido recientemente en el estado de Arizona.
Con este nuevo marco legal, Washington Envía una señal contundente: las agencias estadounidenses ya no tratarán el problema del narcotráfico institucional como delincuencia organizada, sino como una amenaza directa a su seguridad nacional bajo el sello del terrorismo.