CIUDAD DE MÉXICO. – La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve políticos sinaloenses, cuentan con una ficha roja emitida por la Interpol. Esto ocurre tras la solicitud de captura con fines de extradición realizada por el gobierno de Estados Unidos, que los acusa de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa —específicamente con la facción de «Los Chapitos»— y de tráfico de armas.
«Hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten en fichas rojas… si ellos llegaran a salir de México, otros países, a partir de la alerta roja, pudieran llegar a detenerlos», explicó la mandataria durante su conferencia de prensa.
Los políticos señalados por EE. UU.
La lista de los 10 políticos requeridos por la justicia estadounidense desde finales de abril incluye a funcionarios y exmandos policiales de Sinaloa:
- Rubén Rocha Moya (Gobernador con licencia de Sinaloa)
- Enrique Inzunza (Senador)
- Juan de Dios Gámez Mendívil (Alcalde de Culiacán)
- Dámaso Castro Saavedra (Fiscal adjunto)
- Gerardo Mérida Sánchez (Exsecretario de Seguridad Pública) – Ya entregado a EE. UU.
- Enrique Díaz Vega (Exsecretario de Finanzas) – Ya entregado a EE. UU.
- Marco Antonio Almanza Avilés (Exjefe policial)
- Alberto Jorge Contreras Núñez (Exmando policial)
- José Antonio Dionisio Hipólito (Exsubdirector policial)
- Juan Valenzuela Millán (Excomandante municipal)
A la fecha, el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, y el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, ya se entregaron voluntariamente a las autoridades norteamericanas.
México frena extradiciones por falta de pruebas y descarta espionaje
A pesar de la presión de Washington, el gobierno de México no ha procedido con las órdenes de detención y extradición. La administración de Sheinbaum argumenta que la justicia estadounidense no ha presentado las pruebas suficientes que sustenten las acusaciones, motivo por el cual ya se envió una nota diplomática a la Casa Blanca solicitando los expedientes correspondientes.
Al ser cuestionada sobre el paradero y el monitoreo de los ocho políticos que siguen en territorio nacional, la presidenta fue tajante al señalar que su gobierno no tiene la obligación legal de vigilarlos.
«La Fiscalía abrió una investigación, ellos desarrollarán su trabajo, pero no hay nada legal que nos obligue a que nosotros tengamos una vigilancia particular con las otras personas», aclaró Sheinbaum.
Asimismo, detalló que, según sus reportes, Rubén Rocha Moya permanece en su domicilio particular en el estado de Sinaloa.
Contradicciones por la seguridad de Rocha Moya
La conferencia también dejó entrever una falta de coordinación en el gabinete de seguridad respecto a quién custodia actualmente al gobernador con licencia.
Mientras la presidenta Sheinbaum aseguró que Rocha Moya goza de protección proporcionada por la Guardia Nacional tras una evaluación de riesgo, apenas un día antes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, había afirmado públicamente que la vigilancia del político estaba a cargo de la policía estatal de Sinaloa.