Por: Juan Domingo
CIUDAD DE MÉXICO. — Tres periodistas y un analista político de Baja California fueron citados a comparecer en calidad de imputados, luego de que la jueza Sexto de lo Familiar, Nancy Ávila Ruiz, judicializara una denuncia en su contra por el presunto delito de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Los comunicadores afectados calificaron el hecho como una ‘treta judicial’ destinada a censurarlos y violar el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información de la sociedad.
De acuerdo con la causa penal 03215/2026 y el Número Único de Caso (NUC) 02-2025/07180, los imputados deberán presentarse a la audiencia inicial programada para la mañana del próximo 5 de agosto de 2026.
Los denunciados son:
- Jorge Heras: Director de la plataforma Lindero Norte, colaborador del programa Ciudad Capital, noticieros N+ Tijuana, y los diarios La Crónica y La Jornada.
- Eduardo Villa Lugo: Editor del semanario Zeta en Mexicali, co-conductor de Ciudad Capital y del noticiero vespertino de Canal 66.
- Rubén Gómez: Director de programas de radio en Mexicali.
- Elías Flores Gallegos: Abogado litigante, analista en Ciudad Capital y presidente del Consejo de Asociaciones de Abogados de Baja California.
El origen de la controversia
La acusación de la juzgadora se derivó de la difusión de información periodística. Los comunicadores retomaron una investigación de un medio digital local que revelaba que Ávila Ruiz —quien resultó electa en el proceso judicial de 2025 tras ser postulada en una lista conjunta del Gobierno estatal, el Congreso local y el Tribunal Superior de Justicia— cuenta con un historial de denuncias previas cuando se desempeñaba como funcionaria judicial.
Entre los expedientes ministeriales que los periodistas hicieron públicos se encuentran registros por los delitos de lesiones, allanamiento de morada, abuso de autoridad y ultrajes.
Las denuncias contra la juzgadora
Dentro de los antecedentes expuestos destaca el expediente 0202-2014/59134/RAC, interpuesto por Aldo Caballero Pérez Castro ante la Agencia del Ministerio Público en Mexicali. El denunciante acusó a Ávila Ruiz —entonces notificadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal— de agresión física en presencia de su hija de cinco años.
Tras hacerse pública la judicialización contra los comunicadores, Pérez Castro emitió un mensaje en redes sociales donde confirmó los hechos del pasado, negó formar parte de un «bastión político» contra la jueza y señaló que sus denuncias tardaron más de una década en salir a la luz. «Hace mucho que la perdoné, pero no me voy a retractar de algo que nos hizo a mis familiares y a mí», apuntó.
Asimismo, constan en los registros públicos el expediente 1717/10/100/AP por allanamiento de morada, la denuncia por ultrajes y abuso de autoridad presentada por Isaac Sánchez Kewes en febrero de 2021 (expediente 0202-2021/04297), además de las causas penales e investigaciones bajo los folios 0202-2014/59534-RAC, 0202-2015/01012, 0202-2015/53821/RAC, 0202-2017/24827/ y 0202-2016/24476.
El gremio periodístico del estado se mantiene en alerta ante lo que consideran un uso faccioso de las herramientas de paridad de género para inhibir la fiscalización de los perfiles que integran el Poder Judicial del Estado.