CIUDAD DE MÉXICO.– El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México confirmó, por unanimidad, la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo promovido por el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. La medida frena de manera temporal el proceso penal que enfrenta por presunta delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, conocido como «huachicol fiscal».
Los magistrados Yuriko Delgado Cháires, Jorge María Montellano Iturralde y María del Socorro Castillo Sánchez declararon infundado el recurso de queja presentado por el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), el cual buscaba revertir la protección otorgada previamente por el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal.
Con este fallo, dictado en sesión extraordinaria, se paraliza la etapa intermedia del procedimiento judicial hasta que se resuelva el fondo del juicio de amparo. El tribunal aclaró que esta resolución no prejuzga sobre la responsabilidad penal del exmandatario panista y desestimó los argumentos de la FGR, que sostenía que detener el caso afectaba el orden público por tratarse de delitos de alto impacto.
Los cargos y el origen de la investigación
Ruffo Appel permanece recluido en el penal de máxima seguridad de «El Altiplano» desde julio pasado, fecha en que fue vinculado a proceso junto con otras siete personas.
Las acusaciones de la FGR señalan al exgobernador de operar presuntamente una red de 11 empresas para ingresar al país combustible vía ferroviaria y distribuirlo de manera ilícita. La investigación indica que la organización habría movilizado más de 18.2 millones de litros de diésel y gasolina en 163 carrotanques, evadiendo regulaciones aduaneras e impuestos. El expediente penal derivó del aseguramiento de unidades con hidrocarburo en Coahuila (33 en Ramos Arizpe y 96 en Saltillo).
En caso de que la justicia federal otorgue el amparo de manera definitiva, la vinculación a proceso quedará sin efectos; en caso contrario, la FGR podrá reanudar el procedimiento y llevar el caso a juicio oral.