- El Ayuntamiento de Tijuana y la empresa operadora buscan un convenio para resolver el conflicto legal y liberar la infraestructura de la Ruta Troncal para un nuevo proyecto de movilidad
Tijuana, Baja California. El litigio que mantiene la empresa operadora del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), por alrededor de mil 300 millones de pesos representa uno de los principales obstáculos para concretar la transferencia de la de la Ruta Troncal al Gobierno del Estado, informó el regidor Arturo ‘Napo’ Aguirre.
El regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Desarrollo Metropolitano, Obras y Servicios Públicos, explicó que el Ayuntamiento de Tijuana busca alcanzar un convenio con la empresa operadora, que permita resolver el conflicto jurídico y financiero, con el propósito de liberar la infraestructura y avanzar hacia un nuevo proyecto de movilidad para la ciudad.
Aguirre González, recordó que el SITT comenzó a desarrollarse en 2013 con la intención de atender las necesidades de movilidad de hasta medio millón de habitantes. El proyecto contemplaba inicialmente 30 autobuses troncales y 120 unidades alimentadoras.
Sin embargo, señaló que actualmente el sistema opera únicamente con dos unidades troncales, por lo que consideró que el proyecto no logró consolidarse debido, entre otros factores, a problemas de planeación, falta de continuidad y decisiones tomadas por administraciones anteriores.
“El SITT tenía la posibilidad de mejorar significativamente la movilidad de Tijuana, pero las decisiones equivocadas y el abandono de administraciones anteriores provocaron su fracaso”, expresó.
El regidor indicó que una vez que se resuelva el litigio, la intención es que el Gobierno del Estado pueda disponer de la infraestructura existente para desarrollar un nuevo esquema de transporte público, particularmente en beneficio de las familias que viven en la Zona Este de la ciudad.
Agregó que la eventual aprobación de un convenio no implica por sí misma una entrega inmediata de recursos, sino la posibilidad de establecer una solución jurídica y financiera al conflicto.
Sostuvo que cualquier pago que pudiera derivarse del acuerdo, tendría que sujetarse a las disposiciones legales, la disponibilidad presupuestal y los mecanismos de vigilancia correspondientes.
Respecto a señalamientos que pretenden relacionarlo con las decisiones actuales del SITT, S.A. de C.V., el regidor aclaró que dejó de formar parte del Consejo de Administración de la empresa desde 2022, cuando se realizó el cambio de dicho órgano, por lo que aseguró que desde entonces no participa en su dirección, ni en la toma de decisiones.
También reconoció que Grupo Calfia mantiene una participación minoritaria del siete por ciento en el SITT y señaló que esta situación ha sido pública. Añadió que aún existen adeudos con instituciones financieras relacionados con créditos y recursos destinados a la operación del sistema.
El edil dijo que tampoco forma parte del convenio, no intervino en su negociación y no lo suscribirá. Como integrante del Cabildo, dijo, presentó formalmente su excusa y se abstuvo de participar tanto en la discusión como en la votación del asunto.
“Lo verdaderamente importante es cerrar un problema heredado, liberar la infraestructura y avanzar hacia un transporte que responda a las necesidades de la población”, sostuvo Aguirre González.
Finalmente, consideró que la recuperación y aprovechamiento de la infraestructura existente permitiría abrir la posibilidad de construir un sistema de transporte público moderno, eficiente y digno para los usuarios, especialmente para quienes diariamente enfrentan mayores dificultades de movilidad en la Zona Este.