Por: Ricardo Cano Castro
Burlaron la seguridad del plantel, de la policía municipal, estatal e incluso federal. ¿Dónde estaba el orden institucional?
La tarde de este miércoles Tijuana contó con una lección incómoda para las autoridades: el descontento juvenil no solo existe, sino que es capaz de desafiar al aparato gubernamental cuando siente que la injusticia se impone
Estudiantes del Colegio de Bachilleres Rubén Vizcaíno Valenzuela tomaron por asalto la Vía Rápida Poniente para exigir la reinstalación de María —“Mari”, como la llaman con cariño—, la prefecta que por dos décadas ha sido una figura de autoridad y apoyo dentro del plantel. El reclamo fue contundente: su despido, según los manifestantes, es injustificado, y la única salida aceptable es su restitución o la renuncia de la directora.
La escena era inusual: dos automóviles cerrando el paso para que decenas de jóvenes ocuparan la arteria vial, generando un caos que paralizó la ciudad. Y lo más llamativo no fue solo su organización, sino la total incapacidad de las autoridades para prever o contener la protesta. Burlaron la seguridad del plantel, de la policía municipal, estatal e incluso federal. ¿Dónde estaba el orden institucional?
¿Cómo se llegó a esto?
Este no es un caso aislado. La juventud tijuanense ha sido educada en un contexto de desconfianza hacia las autoridades. Ven cómo la corrupción campea, cómo las decisiones arbitrarias se toman sin dar explicaciones, cómo la impunidad es norma. No es casual que, ante lo que consideran una injusticia, elijan la desobediencia como única respuesta viable.
Porque si algo ha quedado claro con esta protesta es que la crisis en el sistema educativo no es solo académica: es moral. ¿Cómo puede exigirse disciplina a los estudiantes cuando quienes ostentan el poder parecen actuar sin ella? ¿Cómo pueden pedirles respeto a la autoridad cuando esa misma autoridad se comporta con opacidad y arbitrariedad?
El fracaso de las autoridades
El episodio de la Vía Rápida Poniente es una vergüenza para las autoridades de todos los niveles. La falta de previsión, el desconcierto ante la movilización juvenil y la incapacidad para gestionar un conflicto que debió resolverse en el escritorio y no en las calles dejan en claro una cosa: la crisis de liderazgo es real.
Más allá de si el despido de Mari fue justo o no, lo que vimos fue un síntoma de un problema mayor: la desconexión entre quienes toman decisiones y quienes las padecen. Y esa desconexión, si no se atiende, seguirá encontrando su camino en las calles, con manifestaciones cada vez más audaces.
¿Aprenderán algo las autoridades de este episodio? O, como siempre, ¿esperarán a que el siguiente estallido les recuerde que la juventud no solo tiene voz, sino que también tiene el valor para hacerse escuchar?