CIUDAD DE MÉXICO.– Lo que debía ser un avance decisivo para el «Plan B» de la Reforma Electoral se transformó en un fin de semana de parálisis política. Fuentes cercanas a las negociaciones revelaron que la coalición oficialista atraviesa un momento de alta tensión ante la negativa del Partido del Trabajo (PT) de ceder en puntos clave, lo que ha forzado la suspensión de actividades en el Senado.
El nudo de la discordia: La Revocación de Mandato
El principal punto de quiebre es la fecha de la consulta de revocación de mandato. Mientras Morena busca alinear los tiempos políticos, el PT se mantiene firme en su rechazo a que el ejercicio se realice entre 2027 y 2028. Esta falta de consenso provocó que las comisiones del Senado cancelaran de último minuto la reunión programada para este lunes, donde se pretendía aprobar el dictamen.
INE entra en escena: ¿Aplazamiento hasta 2028?
A la falta de acuerdos internos se suma una presión externa que promete elevar la temperatura en la Cámara Alta. Trascendió que el Instituto Nacional Electoral (INE) enviará un documento oficial con una recomendación técnica contundente: aplazar definitivamente la elección judicial y la revocación de mandato hasta 2028.
Esta propuesta del órgano electoral choca directamente con la urgencia de Palacio Nacional. Para los liderazgos de Morena, este «consejo» es interpretado como un obstáculo estratégico que busca frenar la consolidación de sus reformas estructurales.
Errores técnicos frenan la austeridad
Más allá de la política de pasillo, el «Plan B» enfrenta fallos de redacción que han obligado a una «revisión de técnica legislativa». El coordinador de Morena, Ignacio Mier, admitió que se detectó un error crítico que contradice el discurso de austeridad del movimiento:
- El error: En su redacción actual, la reforma aumentaría el número de regidores en municipios pequeños.
- La meta original: Reducir el aparato burocrático para generar ahorros.
Este descuido técnico se suma a la lista de razones por las cuales la sesión de comisiones fue suspendida, dejando el futuro de la reforma en un limbo legislativo hasta que se logre «planchar» el acuerdo con sus aliados y corregir el texto final.