MEXICALI, B.C. – El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEBC) emitió una resolución histórica al confirmar que el exgobernador Jaime Bonilla Valdez, incurrió en violencia política en razón de género en perjuicio de la actual mandataria estatal, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
La sentencia deriva de una serie de expresiones vertidas por Bonilla y otros miembros del Partido del Trabajo (PT) durante las denominadas «Jornadas de la Paz». Según el Tribunal, los discursos emitidos no solo vulneraron la investidura de la gobernadora, sino que también reprodujeron estereotipos de género destinados a menoscabar sus derechos políticos y generar confusión sobre la titularidad del Ejecutivo Estatal.
Junto al exmandatario, también fueron sancionados Alejandro Moreno Berry y el propio Partido del Trabajo (PT) por su responsabilidad en la difusión de estos mensajes.
Las medidas impuestas
Como parte de la resolución, las autoridades electorales determinaron las siguientes sanciones y medidas reparatorias:
- Amonestación pública: Un extrañamiento formal por la conducta realizada.
- Registro de agresores: La inscripción de Jaime Bonilla y Moreno Berry en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
- Capacitación obligatoria: Los sancionados deberán tomar cursos especializados en materia de género para evitar la repetición de estas conductas.
Expertos en derecho electoral señalan que este fallo refuerza los límites de la libertad de expresión en el debate público. «La crítica política es válida, pero no cuando se utiliza para atacar la dignidad o legitimidad de una mujer por el simple hecho de serlo», destacaron especialistas consultados.
Esta sanción se suma a otros frentes legales que enfrenta Jaime Bonilla. Actualmente, el exgobernador se encuentra vinculado a proceso por su presunta implicación en el caso Next Energy, donde se le investiga por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Con esta resolución, las autoridades electorales de Baja California envían un mensaje claro sobre la cero tolerancia a la violencia política en el estado, en un esfuerzo por garantizar un ejercicio pleno y seguro del poder para las mujeres en cargos de elección popular.