MEXICALI, B.C. – En un movimiento orientado a fortalecer la legalidad y el análisis detallado de las pruebas, la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional del Congreso del Estado aprobó este martes una prórroga al plazo legal para emitir el dictamen sobre el juicio político promovido contra la Presidenta Municipal de San Quintín, Miriam Elizabeth Cano Núñez.
La decisión tomada, busca evitar resoluciones precipitadas que pudieran comprometer la validez del procedimiento o vulnerar derechos fundamentales. Según el acuerdo, el tiempo adicional permitirá una valoración objetiva, racional y exhaustiva del extenso material probatorio presentado por diecisiete ciudadanos.
Justicia sin prisas: «Un instrumento serio de rendición de cuentas»
La Diputada Dunnia Montserrat Murillo López, presidenta de la Comisión, enfatizó que la extensión del plazo es una muestra de responsabilidad frente a la trascendencia constitucional del caso.
“Un Juicio Político no es cualquier trámite, sino el instrumento más serio que tiene la ciudadanía para pedir cuentas a quien gobierna. Pedir más tiempo no es evadir nuestra responsabilidad, es exactamente lo contrario: es tomarnos en serio el trabajo para que el dictamen resista cualquier revisión”, puntualizó la legisladora.
Cronología del Proceso
El expediente ha crecido en complejidad debido a las constantes aportaciones de los denunciantes:
- 10 de febrero de 2026: Ciudadanos de San Quintín presentan la denuncia original de Juicio Político.
- 11 de marzo de 2026: Se entrega una ampliación de la denuncia, la cual incrementó sustancialmente el volumen de pruebas y hechos sujetos a estudio.
- 31 de marzo de 2026: La Comisión aprueba por unanimidad solicitar el plazo máximo permitido por la ley para el análisis final.
Tras la aprobación en comisiones, el acuerdo será remitido a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO). Posteriormente, será sometido a consideración del Pleno del Congreso para su ratificación oficial.
En la sesión participaron los diputados Evelyn Sánchez, Juan Manuel Molina y Jaime Cantón, acompañados por titulares de la Consultoría Legislativa, Procesos Parlamentarios y la Secretaría General de Gobierno, asegurando que el proceso se mantenga apegado a los principios de certeza jurídica y debido proceso parlamentario.