CIUDAD DE MÉXICO.– En una decisión que refuerza las capacidades de fiscalización del Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la constitucionalidad de la facultad que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquear cuentas bancarias basándose en indicios, sin necesidad de contar con la autorización previa de un juez.
El fallo surge tras el análisis de un proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, el cual buscaba validar las reformas legales de 2022. La resolución establece que esta medida tiene un carácter estrictamente administrativo y no penal, asegurando que se respeta el derecho de audiencia de los afectados.
Un debate dividido en el Pleno
La propuesta alcanzó el respaldo de una mayoría de seis ministros. No obstante, la sesión no estuvo exenta de fricciones, registrando los votos en contra de la ministra Yasmín Esquivel y los ministros Giovanni Figueroa y Arístides Guerrero.
Los argumentos de la disidencia se centraron en la posible vulneración de derechos fundamentales:
- Inversión de la carga de la prueba: El ministro Figueroa Mejía criticó que sean los ciudadanos quienes deban demostrar su inocencia ante la autoridad financiera, sin contar con las «garantías propias de un proceso penal».
- Seguridad jurídica: La ministra Esquivel Mossa advirtió sobre las deficiencias en la redacción de la norma, señalando que «el fin no justifica los medios» y que no se puede sacrificar la certeza jurídica en aras de la eficacia contra el crimen.
Argumentos a favor: Estándares internacionales
Por su parte, la ministra ponente, Loretta Ortiz, defendió la medida como una herramienta preventiva indispensable para el Estado mexicano. Subrayó que el bloqueo de activos ante sospechas de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo responde a compromisos internacionales.
«Por disposiciones internacionales tenemos que tener instrumentos a nivel nacional para tomar las medidas adecuadas en el país», puntualizó Ortiz Ahlf.
Con esta resolución, la UIF mantiene la potestad de actuar de forma inmediata sobre el sistema financiero cuando detecte movimientos irregulares, consolidando un mecanismo clave en la estrategia de combate a las estructuras económicas de la delincuencia organizada.