CIUDAD DE MÉXICO.– La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que ha iniciado un proceso de análisis y una investigación propia tras recibir solicitudes de detención provisional con fines de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y varios de sus colaboradores.
A pesar de la notificación oficial, la institución mexicana adelantó que, hasta el momento, la petición del gobierno estadounidense carece del sustento probatorio necesario para proceder según la legislación nacional.
Sin evidencias suficientes para la orden de aprehensión
Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya notificó formalmente sobre estas solicitudes. No obstante, fue enfático al señalar las deficiencias del expediente enviado por las autoridades norteamericanas.
«Dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados», precisó Lara López en un mensaje difundido en redes sociales.
#AlMomento Mensaje a medios del Dr. @UlisesLaraLopez, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de esta Fiscalía, con relación a la información dada a conocer este día por autoridades de los #EUA sobre funcionarios de #Sinaloa.
El vocero subrayó que, bajo el tratado bilateral y las leyes mexicanas, solo se puede conceder una extradición si las pruebas son suficientes para inferir que la persona señalada cometió un delito. Por ello, la FGR abrirá una indagatoria para determinar si existe un fundamento legal real que permita solicitar órdenes de aprehensión ante un juez.
El obstáculo del fuero constitucional
Además de la falta de pruebas, la FGR recordó que existen protocolos constitucionales ineludibles antes de proceder penalmente contra servidores públicos de alto nivel.
Juicio de procedencia: Para actuar contra un gobernador o legisladores, es estrictamente necesario iniciar un proceso de desafuero.
Inmunidad procesal: Sin una declaratoria que retire el fuero, las autoridades judiciales no pueden ejecutar capturas.
Soberanía y Estado de Derecho
La Fiscalía reiteró que la resolución de este caso estará estrictamente apegada a la normatividad vigente y al respeto de la soberanía nacional. La institución advirtió que conceder una solicitud sin las garantías de ley representaría una violación al Estado de derecho y a las garantías individuales de las personas señaladas.
El expediente ha sido turnado a la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, la cual se encargará del análisis técnico-jurídico definitivo de la petición de Washington.
