CIUDAD DE MÉXICO.— La Cámara de Diputados desechó formalmente la solicitud de juicio político promovida en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván. La decisión se tomó luego de que los promoventes del recurso no acudieran a ratificar la denuncia dentro del plazo legal de tres días, requisito indispensable para que el procedimiento legislativo pudiera continuar.
Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, confirmó que, ante la omisión de este paso jurídico, la petición perdió todo efecto legal y fue retirada de los asuntos pendientes del Congreso.
“Me han informado el día de hoy que no fue ratificado… No existe ya en términos formales una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos”, declaró la legisladora de Acción Nacional.
Ratificación: El candado legal
La diputada federal explicó que la ratificación no es un trámite opcional, sino una exigencia de ley para validar cualquier proceso de esta naturaleza. Al no cumplirse con los tiempos establecidos, la solicitud se considera como no presentada, cerrando definitivamente la posibilidad de que sea analizada por las comisiones correspondientes.
López Rabadán aprovechó el anuncio para enfatizar que este desenlace es una validación del actuar de la mandataria chihuahuense, señalando que «siempre será bueno estar del lado correcto de la historia y de la ley».
Denuncian persecución política
Durante su posicionamiento, la presidenta de la Mesa Directiva fue enfática al calificar el intento de juicio político como una «lamentable persecución» que buscaba equiparar la situación de seguridad de Chihuahua con entidades como Sinaloa.
“Intentar lastimar a una gobernadora valiente, intentar emparejar cartones entre Chihuahua y Sinaloa ofende la inteligencia de los mexicanos”, expresó López Rabadán.
Finalmente, la legisladora atribuyó el desistimiento de los promoventes a la presión social y a la exigencia ciudadana de legalidad, lo que, a su juicio, frenó una estrategia que solo buscaba afectar políticamente a la administración estatal.